mié may 27, 1964 a Presente
Colombia
El conflicto colombiano comenzó a mediados de la década de 1960 y es una guerra asimétrica de baja intensidad entre el gobierno de Colombia, grupos paramilitares, sindicatos del crimen y guerrillas comunistas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que luchan entre sí para aumentar su influencia en el territorio colombiano. Los contribuyentes internacionales más importantes al conflicto colombiano son las corporaciones multinacionales y el gobierno de los Estados Unidos.
En 1948, el asesinato del líder populista Jorge Eliécer Gaitán agitó radicalmente el conflicto armado. Esto condujo al Bogotazo, un disturbio urbano que causó la muerte de más de 4,000 personas y, posteriormente, a diez años de guerra rural sostenida entre miembros del Partido Liberal Colombiano y el Partido Conservador Colombiano, un período conocido como La Violencia, que cobró la vida de más de 200,000 personas en todo el campo.
En octubre de 1959, Estados Unidos envió un "Equipo Especial de Inspección", compuesto por expertos en contrainsurgencia, para investigar la situación de seguridad interna de Colombia.
En febrero de 1962, un equipo de alto nivel de Guerra Especial de EE. UU. de Fort Bragg, encabezado por el comandante del Centro de Guerra Especial, el general William P. Yarborough, visitó Colombia para una segunda inspección.
A principios de la década de 1960, unidades del ejército colombiano leales al Frente Nacional comenzaron a atacar comunidades campesinas. Esto sucedió en toda Colombia, ya que el ejército colombiano consideraba que estas comunidades campesinas eran enclaves de bandoleros y comunistas. Fue el ataque de 1964 a la comunidad de Marquetalia lo que motivó la posterior creación de las FARC.
Para 1974, otro desafío a la autoridad y legitimidad del Estado provino del Movimiento 19 de Abril (M-19), lo que llevó a una nueva fase en el conflicto. El M-19 era un grupo guerrillero mayoritariamente urbano, fundado en respuesta a un fraude electoral durante la última elección del Frente Nacional de Misael Pastrana Borrero (1970-1974) y la destitución forzada del expresidente Gustavo Rojas Pinilla.
Las guerrillas y los nuevos narcotraficantes ricos tenían relaciones mutuamente desiguales y, por lo tanto, ocurrieron numerosos incidentes entre ellos. Finalmente, el secuestro de familiares de miembros de carteles de la droga por parte de las guerrillas llevó a la creación en 1981 del escuadrón de la muerte Muerte a Secuestradores (MAS).
La presión del gobierno de EE. UU. y de sectores críticos de la sociedad colombiana fue recibida con más violencia, ya que el Cartel de Medellín y sus sicarios sobornaron o asesinaron a numerosos funcionarios públicos, políticos y otras personas que se interpusieron en su camino al apoyar la implementación de la extradición de ciudadanos colombianos a EE. UU. Entre las víctimas de la violencia del cartel se encontraba el Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, asesinado en 1984, un evento que hizo que la administración Betancur comenzara a oponerse directamente a los narcotraficantes.
El primer cese al fuego negociado con el M-19 terminó cuando la guerrilla reanudó los combates en 1985, alegando que el cese al fuego no había sido respetado plenamente por las fuerzas de seguridad oficiales, afirmando que varios de sus miembros habían sufrido amenazas y agresiones, y cuestionando también la voluntad real del gobierno para implementar cualquier acuerdo.
La administración Betancur, a su vez, cuestionó las acciones del M-19 y su compromiso con el proceso de paz, mientras continuaba avanzando en negociaciones de alto perfil con las FARC, lo que llevó a la creación de la Unión Patriótica (UP), una organización política legal y no clandestina.
El 6 de noviembre de 1985, el M-19 tomó el Palacio de Justicia de Colombia y mantuvo como rehenes a los magistrados de la Corte Suprema, con la intención de juzgar al presidente Betancur. En el fuego cruzado que siguió a la reacción militar, unas 120 personas perdieron la vida, al igual que la mayoría de los guerrilleros, incluidos varios operativos de alto rango y 12 jueces de la Corte Suprema. Ambas partes se culparon mutuamente por el resultado. Esto marcó el fin del proceso de paz de Betancur.
En junio de 1987, el cese al fuego entre las FARC y el gobierno colombiano colapsó formalmente después de que la guerrilla atacara una unidad militar en las selvas del Caquetá.
En octubre de 1987, el candidato presidencial de la UP en 1986, Jaime Pardo Leal, fue asesinado en medio de una ola de violencia que llevaría a la muerte de miles de miembros de su partido a manos de escuadrones de la muerte. Según Pecáut, los asesinos incluían miembros de las fuerzas militares y de la clase política que se habían opuesto al proceso de paz de Belisario Betancur y consideraban que la UP era poco más que una "fachada" para las FARC, así como narcotraficantes y terratenientes que también estaban involucrados en el establecimiento de grupos paramilitares.
El M-19 y varios grupos guerrilleros más pequeños se incorporaron con éxito a un proceso de paz a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, lo que culminó en las elecciones para una Asamblea Constituyente de Colombia que redactaría una nueva constitución, la cual entró en vigor en 1991.
Las actividades paramilitares aumentaron, tanto legal como ilegalmente. La creación de grupos legales de autodefensa y recolección de inteligencia CONVIVIR fue autorizada por el Congreso y la administración Samper en 1994.
A mediados de 1996, un movimiento de protesta cívica compuesto por aproximadamente 200.000 cultivadores de coca de Putumayo y parte del Cauca comenzó a marchar contra el gobierno colombiano para rechazar sus políticas de guerra contra las drogas, incluidas las fumigaciones y la declaración de zonas especiales de seguridad en algunos departamentos.
En Las Delicias, Caquetá, cinco frentes de las FARC (alrededor de 400 guerrilleros) identificaron fallas de inteligencia en una base del Ejército colombiano y las aprovecharon para tomarla el 30 de agosto de 1996, matando a 34 soldados, hiriendo a 17 y tomando a unos 60 como prisioneros.
Miembros de los grupos CONVIVIR fueron acusados de cometer numerosos abusos contra la población civil por varias organizaciones de derechos humanos. Los grupos se quedaron sin respaldo legal tras una decisión de 1997 de la Corte Constitucional de Colombia que restringió muchas de sus prerrogativas y exigió una supervisión más estricta.
En el pasado, el gobierno colombiano colocó minas terrestres alrededor de 34 bases militares para proteger infraestructura clave, pero renunció a su uso en 1997.
En abril de 1997, fuerzas paramilitares preexistentes y varios exmiembros de las CONVIVIR se unieron para crear las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), una gran milicia paramilitar estrechamente vinculada al narcotráfico que llevó a cabo ataques contra los grupos rebeldes FARC y ELN, así como contra civiles, comenzando con la Masacre de Mapiripán de 1997.
La administración Samper reaccionó contra los ataques de las FARC contactando a la guerrilla para negociar la liberación de algunos o todos los rehenes en manos de las FARC, lo que condujo a la desmilitarización temporal del municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, en julio de 1997 y a la liberación unilateral de 70 soldados, una medida a la que se opuso el mando militar colombiano. Otros contactos entre la guerrilla y el gobierno, así como con representantes de sectores religiosos y económicos, continuaron durante 1997 y 1998.
Un nuevo ataque significativo tuvo lugar en El Billar, Caquetá, el 2 de marzo de 1998, donde un batallón de contraguerrilla del Ejército colombiano estaba patrullando, lo que resultó en la muerte de 62 soldados y la captura de unos 43.
El 7 de agosto de 1998, Andrés Pastrana Arango fue juramentado como Presidente de Colombia. Miembro del Partido Conservador, Pastrana derrotó al candidato del Partido Liberal, Horacio Serpa, en una segunda vuelta electoral marcada por una alta participación electoral y pocos disturbios políticos. El programa del nuevo presidente se basó en el compromiso de lograr una resolución pacífica del prolongado conflicto civil de Colombia y de cooperar plenamente con los Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas ilegales.
En julio de 1999, las fuerzas militares colombianas atacaron el pueblo de Puerto Lleras, Colombia, donde estaban apostados rebeldes de las FARC. Utilizando aviones y equipos suministrados por EE. UU., y respaldadas con apoyo logístico estadounidense, las fuerzas del gobierno colombiano ametrallaron y bombardearon el pueblo durante más de 72 horas.
En 2001, el grupo paramilitar más grande apoyado por el gobierno, las AUC, que había estado vinculado al narcotráfico y a ataques contra civiles, fue añadido a la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras del Departamento de Estado de EE. UU., y la Unión Europea y Canadá pronto siguieron su ejemplo.
El 17 de enero de 2002, paramilitares de derecha entraron en el pueblo de Chengue y dividieron a los aldeanos en dos grupos. Luego fueron persona por persona en uno de los grupos, aplastando la cabeza de cada individuo con mazos y piedras, matando a 24 personas, mientras el ejército colombiano observaba. Otros dos cuerpos fueron descubiertos más tarde arrojados en una fosa común. Cuando los paramilitares se fueron, incendiaron el pueblo.
Las autoridades colombianas indicaron que un niño que coincidía con la descripción de Emmanuel había sido llevado a un hospital en San José del Guaviare en junio de 2005. El niño estaba en malas condiciones; uno de sus brazos estaba herido, sufría desnutrición severa y tenía enfermedades que comúnmente se padecen en la selva. Tras haber sido evidentemente maltratado, el niño fue enviado más tarde a un hogar de acogida en Bogotá y se anunciaron pruebas de ADN para confirmar su identidad.
A partir de 2004 se inició un proceso de desarme de los grupos paramilitares de Colombia (especialmente las AUC) y se completó el 12 de abril de 2006, cuando 1.700 combatientes entregaron sus armas en el pueblo de Casibare.
En mayo de 2006, las elecciones presidenciales colombianas resultaron en la reelección de Uribe con un histórico conteo de votos en primera vuelta del 62%, seguido por el izquierdista Carlos Gaviria con el 22% y Horacio Serpa.
El 28 de junio de 2007, las FARC informaron repentinamente de la muerte de 11 de los 12 diputados provinciales secuestrados del departamento del Valle del Cauca. El gobierno colombiano acusó a las FARC de ejecutar a los rehenes y declaró que las fuerzas gubernamentales no habían realizado ningún intento de rescate. Las FARC afirmaron que las muertes ocurrieron durante un fuego cruzado, después de un ataque a uno de sus campamentos por parte de un "grupo militar no identificado".
A finales de 2007, las FARC acordaron liberar a la exsenadora Consuelo González, a la política Clara Rojas y a su hijo Emmanuel, nacido en cautiverio tras una relación con uno de sus captores. La Operación Emmanuel fue propuesta y organizada por el presidente venezolano Hugo Chávez, con el permiso del gobierno colombiano. La misión fue aprobada el 26 de diciembre. Sin embargo, el 31 de diciembre, las FARC afirmaron que la liberación de los rehenes se había retrasado debido a las operaciones militares colombianas. Al mismo tiempo, el presidente colombiano Álvaro Uribe indicó que las FARC no habían liberado a los tres rehenes porque es posible que Emmanuel ya no estuviera en sus manos. Dos guerrilleros de las FARC fueron hechos prisioneros.
El 4 de enero de 2008, el gobierno colombiano reveló los resultados de una prueba de ADN mitocondrial que comparaba el ADN del niño con el de su posible abuela, Clara de Rojas. Se informó que existía una probabilidad muy alta de que el niño fuera efectivamente parte de la familia Rojas. Ese mismo día, las FARC publicaron un comunicado en el que admitían que Emmanuel había sido llevado a Bogotá y "dejado al cuidado de personas honestas" por razones de seguridad hasta que se produjera un intercambio humanitario. El grupo acusó al presidente Uribe de "secuestrar" al niño para sabotear su liberación.
El 10 de enero de 2008, las FARC liberaron a Rojas y González a través de una comisión humanitaria encabezada por el Comité Internacional de la Cruz Roja.
El 13 de enero de 2008, el presidente venezolano Hugo Chávez manifestó su desaprobación con la estrategia de lucha armada y secuestro de las FARC, diciendo: "No estoy de acuerdo con el secuestro y no estoy de acuerdo con la lucha armada".
En febrero de 2008, las FARC liberaron a cuatro rehenes políticos "como gesto de buena voluntad" hacia Chávez, quien había negociado el acuerdo y enviado helicópteros venezolanos con logotipos de la Cruz Roja a la selva colombiana para recoger a los rehenes liberados.
El 1 de marzo de 2008, las fuerzas armadas colombianas lanzaron una operación militar a 1,8 kilómetros dentro de Ecuador contra una posición de las FARC, matando a 24 personas, incluido Raúl Reyes, miembro del Secretariado de las FARC. Esto condujo a la crisis diplomática andina de 2008 entre Colombia y el presidente ecuatoriano Rafael Correa, apoyado por el presidente venezolano Hugo Chávez.
El 3 de marzo, Iván Ríos, también miembro del Secretariado de las FARC, fue asesinado por su jefe de seguridad, "Rojas". Solo en marzo de 2008, las FARC perdieron a 3 miembros de su Secretariado, incluido su fundador.
En mayo de 2008, una docena de líderes paramilitares encarcelados fueron extraditados a Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico.
El 24 de mayo de 2008, la revista colombiana Revista Semana publicó una entrevista con el ministro de defensa colombiano Juan Manuel Santos, en la que Santos menciona la muerte de Manuel Marulanda Vélez. La noticia fue confirmada por el comandante de las FARC 'Timochenko' en la estación de televisión con sede en Venezuela Telesur el 25 de mayo de 2008. 'Timochenko' anunció que el nuevo comandante en jefe es 'Alfonso Cano'.
El 2 de julio de 2008, las fuerzas armadas colombianas lanzaron la Operación Jaque, que resultó en la liberación de 15 rehenes políticos, incluida la ex candidata presidencial colombiana Íngrid Betancourt, Marc Gonsalves, Thomas Howes y Keith Stansell, tres contratistas militares estadounidenses empleados por Northrop Grumman, y 11 militares y policías colombianos. Dos miembros de las FARC fueron arrestados. Este engaño a las FARC fue presentado por el gobierno colombiano como prueba de que la organización guerrillera y su influencia están disminuyendo.
El 26 de octubre de 2008, tras 8 años de cautiverio, el excongresista Óscar Tulio Lizcano escapó con la ayuda de un rebelde de las FARC al que convenció para viajar con él.
En febrero de 2009, la guerrilla liberó a 6 rehenes como gesto humanitario.
En marzo, la guerrilla liberó al rehén sueco Erik Roland Larsson.
En abril de 2009, las fuerzas armadas colombianas lanzaron el Salto Estratégico, una ofensiva en zonas fronterizas donde las fuerzas de las FARC todavía tienen una fuerte presencia militar, especialmente en Arauca, cerca de la frontera con Venezuela.
En noviembre de 2009, nueve soldados colombianos murieron cuando su puesto fue atacado por guerrilleros de las FARC en una parte suroeste del país.
El 22 de diciembre de 2009, rebeldes de las FARC asaltaron la casa del gobernador provincial Luis Francisco Cuéllar, matando a un oficial de policía e hiriendo a dos. Cuéllar fue encontrado muerto al día siguiente.
El 1 de enero de 2010, dieciocho rebeldes de las FARC murieron cuando la Fuerza Aérea Colombiana bombardeó un campamento en la selva en el sur de Colombia. Tropas colombianas de la élite Fuerza de Tarea Omega irrumpieron entonces en el campamento, capturando a quince rebeldes de las FARC, así como 25 rifles, material de guerra, explosivos e información que fue entregada a la inteligencia militar. En el suroeste de Colombia, rebeldes de las FARC emboscaron una patrulla del ejército, matando a un soldado. Las tropas intercambiaron disparos con los rebeldes. Durante el combate, un adolescente murió en el fuego cruzado.
Cuando Juan Manuel Santos fue elegido presidente en agosto de 2010, prometió "continuar la ofensiva armada" contra los movimientos rebeldes. En el mes posterior a su toma de posesión, las FARC y el ELN mataron a cerca de 50 soldados y policías en ataques por toda Colombia.
En septiembre de 2010, el segundo al mando de las FARC, Mono Jojoy, fue abatido. Para finales de 2010, se hizo cada vez más evidente que los "neoparamilitares", denominados por el gobierno como "bandas criminales" (BACRIM), se habían convertido en una amenaza creciente para la seguridad nacional, con grupos violentos como Los Rastrojos y las Águilas Negras tomando el control de grandes partes de la zona rural colombiana.
En 2011, el Congreso de Colombia emitió una declaración afirmando que las FARC tenían una "fuerte presencia" en aproximadamente un tercio de Colombia, mientras que sus ataques contra las fuerzas de seguridad "continuaron aumentando" a lo largo de 2010 y 2011.
En 2012, las Fuerzas Militares de Colombia lanzaron el Plan de Guerra Espada de Honor, una estrategia de contrainsurgencia agresiva que tenía como objetivo desmantelar la estructura de las FARC, debilitándolas tanto militar como financieramente. El plan se centraba en el liderazgo de las FARC y se enfocaba en eliminar 15 de sus frentes económicos y militares más poderosos.
El 20 de julio de 2013, mientras las conversaciones de paz avanzaban, dos ataques rebeldes contra posiciones gubernamentales causaron la muerte de 19 soldados y un número indeterminado de combatientes. Fue el día más mortífero desde que comenzaron las conversaciones de paz en noviembre de 2012.
En diciembre de 2013, The Washington Post reveló un programa encubierto de la CIA, iniciado a principios de la década de 2000, que proporcionaba al gobierno colombiano inteligencia y sistemas de guía GPS para bombas inteligentes.
El 15 de diciembre de 2014, 9 guerrilleros de las FARC murieron tras ataques aéreos realizados por la Fuerza Aérea Colombiana en el departamento del Meta.
En marzo de 2015, las FARC declararon que comenzarían el desminado humanitario en partes seleccionadas de Colombia.
El 22 de mayo de 2015, las FARC suspendieron una tregua después de que 26 de sus combatientes murieran en una ofensiva aérea y terrestre del gobierno.
El 22 de junio de 2015, un helicóptero Black Hawk del Ejército Colombiano fue destruido mientras aterrizaba en un campo minado instalado por las FARC: cuatro soldados murieron y seis resultaron heridos.
El 23 de junio de 2016, el gobierno colombiano y las FARC acordaron un cese al fuego.
Un "acuerdo final, integral y definitivo" fue pactado el 24 de agosto de 2016. Este acuerdo no incluye al ELN.
El 2 de octubre de 2016, los resultados del plebiscito para decidir si apoyar o no el acuerdo de paz mostraron que el 50,2% se opuso al acuerdo, mientras que el 49,8% lo favoreció.
En octubre de 2016, el presidente Juan Manuel Santos fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por sus decididos esfuerzos para poner fin a la guerra de más de 50 años que vivía el país.
El gobierno colombiano y las FARC firmaron el 24 de noviembre un acuerdo de paz revisado, el cual sería sometido al Congreso para su aprobación. La Cámara de Representantes aprobó el plan por unanimidad el 30 de noviembre, un día después de que el Senado también diera su respaldo.
Los disidentes de las FARC son un grupo que formaba parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y que se negó a entregar las armas después de que el tratado de paz entre las FARC y el gobierno entrara en vigor en 2016. El 15 de julio de 2018, los gobiernos de Colombia y Perú lanzaron un esfuerzo militar conjunto conocido como Operación Armagedón para combatir a los disidentes de las FARC. Perú declaró un estado de emergencia de 60 días en el departamento del Putumayo, una zona fronteriza entre Colombia y Ecuador. Solo en el primer día, más de 50 personas fueron arrestadas en la operación y cuatro laboratorios de cocaína fueron desmantelados. El grupo ha intentado reclutar a locales en el departamento del Putumayo en Perú para que se unan a su causa.
El 25 de abril, el alto líder del Clan del Golfo, Gustavo Adolfo Álvarez Téllez, quien era uno de los narcotraficantes más buscados de Colombia y por cuya captura se ofrecía una recompensa de hasta 580 millones de pesos, fue arrestado en su lujosa finca en Cereté mientras celebraba una fiesta durante la cuarentena por la pandemia de COVID-19. Álvarez era descrito como el "cerebro" del cartel y, para ese momento, se informó que se había hecho cargo de las operaciones del cartel en el Caribe.
El 26 de junio, se confirmó que el Clan del Golfo y los disidentes de las FARC estaban en un conflicto armado directo en el norte de Antioquia, conocido como Operación Mil. El Clan del Golfo, que envió a 1.000 de sus paramilitares desde Urabá, el sur de Córdoba y el Chocó, espera expulsar a la disidencia de las FARC del norte de Antioquia y tomar el control de todo el municipio de Ituango.
