Fraude

En 2010, el gobierno de EE. UU. acusó al banco de defraudar a escuelas, hospitales y docenas de organizaciones gubernamentales estatales y locales mediante mala conducta y actividades ilegales relacionadas con la inversión de las ganancias de las ventas de bonos municipales. Como resultado, el banco acordó pagar 137,7 millones de dólares, incluidos 25 millones de dólares al Servicio de Impuestos Internos y 4,5 millones de dólares al fiscal general del estado, a las organizaciones afectadas para resolver las acusaciones.

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